En el Boletín Oficial de Castilla y León se dice que el Patrimonio Cultural de esa Comunidad sirve como testimonio y fuente de conocimiento de la Historia y de la Civilización, que es un deber de los poderes públicos su salvaguarda y difusión para promover y tutelar el acceso a la Cultura, así como velar por su investigación y transmisión a las generaciones futuras. ¿Se refieren con esta declaración de intenciones al cuidado y difusión de su arquitectura?, no. ¿A su gastronomía o bailes?, tampoco. ¿Tal vez a la conservación de los restos de antiguos asentamientos en la zona?, ni mucho menos. La pomposa exposición gubernamental se refiere simplemente a la tortura hasta la muerte. Así es, porque este Manifiesto figura bajo el Epígrafe de: La protección de la tauromaquia popular en la Normativa de Castilla y León, según la Ley 12/2008 del 11 de Julio y se refiere a una tradición sangrienta y repugnante existente en la Ciudad de Tordesillas conocida como El Toro de la Vega. Por cierto, que celebrada desde hace tres siglos, cuando todavía estaba vigente la Santa Inquisición, ha estado prohibida durante varios años, hasta que en 1999 la Junta de Castilla y León, mostrando un alto grado de ideas progresistas, ilustradas y avanzadas acordes con la superación de costumbres del pasado de índole salvaje, legitimó de nuevo este brutal crimen, repito, ayer prohibido y hoy legal de nuevo gracias a la decisión de unos gobernantes a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando aseguran ser acérrimos defensores de la libertad, el derecho, la justicia y la igualdad.

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